La contratación pública en Costa Rica ha entrado en una nueva etapa con la implementación de una nueva ley y reglamento a partir del 1 de diciembre de 2022. Esta normativa no solo regula la contratación con entidades públicas, sino también con las que participan en mercados abiertos a la competencia. Se ha establecido un sistema digital unificado para todos los entes públicos, promoviendo la transparencia, la legalidad y la publicidad en todas las etapas de los contratos administrativos.
El nuevo sistema facilita la inscripción de empresas nacionales e internacionales como proveedores del Estado, permitiendo su participación en concursos licitatorios y garantizando un trato igualitario en la evaluación de propuestas. No existen limitaciones para la participación de empresas extranjeras en las contrataciones con el Sector Público, y se castiga fuertemente la corrupción mediante un marco jurídico estable.
La nueva ley promueve la innovación, el desarrollo económico y social, la protección ambiental y el bienestar general, incorporando criterios sociales, económicos y ambientales en los procesos de contratación. También se permite el desarrollo de proyectos de investigación e innovación tecnológica a través de asociaciones público-privadas. Empresas públicas en los sectores de telecomunicaciones, infocomunicaciones y seguros pueden utilizar un procedimiento especial para contratar servicios necesarios en sus mercados de competencia.
Además de la nueva normativa, se ha anunciado el proyecto «Ciudad Gobierno», un megaproyecto de infraestructura en colaboración con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Este proyecto busca centralizar la administración de 18 instituciones y ministerios en un complejo que combinará usos mixtos y permitirá el desarrollo comercial. El BCIE alquilará los inmuebles a Costa Rica hasta transferirlos en propiedad a la República. Se espera que la construcción comience en el cuarto trimestre de 2023.
También se han anunciado otros proyectos, como la concesión de una carretera, la ampliación de un puerto y la construcción de hospitales. En el ámbito de las telecomunicaciones, se iniciará pronto el proceso licitatorio para la concesión de frecuencias 5G. Estos cambios en la normativa y los proyectos anunciados ofrecen nuevas oportunidades de desarrollo de negocios con el Sector Público en Costa Rica, brindando seguridad jurídica y transparencia.
Oller Abogados, con un equipo de especialistas en contratos con el sector público, se encuentra disponible para asesorar a empresas interesadas en proyectos en Costa Rica. Para contactarlos, se puede escribir a la dirección de correo electrónico resquivel@ollerabogados.com o llamar al teléfono WhatsApp (506) 2257-1290. Roberto Esquivel, Director de la práctica de derecho público en Oller Abogados, cuenta con una amplia experiencia en asesoramiento a empresas internacionales, nacionales, organismos internacionales y entidades públicas.
