Aprobado nuevo reglamento sobre responsabilidad penal de las empresas
El Reglamento a la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas estipula los estándares que deben cumplir los programas de Compliance en Costa Rica, con múltiples particularidades a tomar en cuenta para evitar la severas sanciones que contempla la Ley.
Desde el pasado 11 de junio de 2019 entró en vigor la Ley No. 9699, que tenía como objeto establecer sanciones a las empresas respecto de ciertos delitos, específicamente aquellos relacionados con corrupción. La entrada en vigencia de esta Ley implicó que no solo se sancione al autor del delito por realizar actos corruptos con el fin de beneficiar a una compañía, sino también a la compañía beneficiada, mediante severas sanciones que incluyen multas que llegan hasta los 7.4 millones de dólares, o incluso la disolución de la persona jurídica.
Más de catorce meses después de la entrada en vigencia de la Ley, el Reglamento ya es una realidad. El fin de esta regulación es “promover y brindar orientación para la instauración del “modelo facultativo de organización, prevención de delitos, gestión y control” (art. 1).
Las empresas afrontarán responsabilidad penal en Costa Rica.
Nueva legislación aplica severas sanciones a las empresas que cometan actos de corrupción. La implementación de programas de Compliance resultará esencial para atenuar estas sanciones.
Cuando se escuchan los conceptos“Derecho Penal”, “responsabilidad penal” o “delitos”, es común que se relacionen a la prisión o cárcel. Efectivamente, esa es una de las sanciones que contempla la legislación en esta materia. Este razonamiento hace pensar que, por ende, las sanciones penales están únicamente dirigidas a las personas físicas, pues, claramente, las empresas no pueden ir a la cárcel.
